Acuerdo político preliminar sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE post 2013

El 26 de junio de 2013 se logró un acuerdo político entre el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo (PE), y la Comisión Europea (CE), en el marco de las discusiones mantenidas dentro del procedimiento de concertación entre estas instituciones, denominado "trílogo",  sobre los cuatro Reglamentos propuestos por la Comisión para reformar la Política Agrícola Común. Este acuerdo preliminar incluye modificaciones sustanciales respecto de la propuesta original presentada por la CE.

Sobre la base de una primera lectura y aún con definiciones de algunos aspectos que han quedado pendientes, puede observarse  que los Estados más influyentes dentro del Consejo (en especial, Alemania y el Reino Unido) lograron reducir las ambiciones reformistas de la propuesta de la CE (que pretendía una  vinculación más fuerte de las ayudas directas con la provisión de bienes públicos medioambientales por parte de los agricultores).

Los textos jurídicos que han resultado de la negociación entre las tres instituciones implican, esencialmente, una continuidad de la PAC del período previo (2003 hasta la fecha), en términos de los instrumentos de política que dispondrán en el futuro las autoridades comunitarias.

Teniendo en consideración los altos precios internacionales de las materias primas agrícolas durante los casi dos años que insumieron las deliberaciones, así como la necesidad de ajustar las cuentas del sector público en la mayoría de los Estados Miembros de la UE (y en la propia CE), se ha perdido una gran oportunidad de lograr una reforma más radical del sistema de subsidios agrícolas de la UE, tanto en términos de eliminar los mecanismos más distorsivos (pagos acoplados, precios sostén, subsidios a las exportaciones, entre otros) como de lograr reducciones sustanciales en los niveles globales de ayuda.

En el marco del acuerdo de los líderes europeos por el Marco Financiero Plurianual (MFP) en el Consejo de febrero de este año 2013 se asignó a la Política Agrícola Común un presupuesto para el período 2014-2020 de 380.000 millones de Euros (aproximadamente un 40% del presupuesto total de la UE), de los cuales 280.000 millones de Euros corresponden a ayudas otorgadas en forma directa a los agricultores comunitarios. Estas cifras no sufrieron ningún recorte respecto de la propuesta original de la CE y solo una reducción muy menor respecto al período 2007-2013 (durante el cual existieron créditos de pago por 400.000 millones de euros)

La atenuación de las condicionalidades medioambientales previstas en la propuesta original de la CE y la consecuente reducción de la ambición (y de los costos asociados) en la provisión de bienes públicos vinculados a la sustentabilidad del medioambiente por parte de los agricultores han provocado la oposición terminante de las ONG medioambientales europeas, mientras que las asociaciones de productores agrícolas europeas, entre ellas la influyente COPA-COGECA, manifestaron su conformidad con el mayor "realismo"  del acuerdo alcanzado en este sentido. Esta asociación fue, desde el inicio de las discusiones, la principal crítica de  las condicionalidades de "greening" en las ayudas directas, por el costo adicional y la pérdida de competitividad que hubiera implicado para los agricultores europeos este requisito, en su versión original.  

Del mismo modo, la extensión del plazo para la eliminación del sistema de cuota de azúcar a 2017 (en vez de 2015, como planteaba la propuesta original) provocó el beneplácito de los productores y también la oposición de las industrias intensivas en este insumo y de los sectores más liberales del espectro político europeo.

Si bien el acuerdo logrado cubre la mayor parte de los temas sensibles de la reforma, restan aún resolver aquellos vinculados con el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020, en especial el establecimiento de un techo (capping) a los pagos a las grandes explotaciones agrícolas (300.000 euros en la propuesta de la CE), la regresividad de las ayudas directas (esto es, la reducción gradual de las ayudas más altas), y la transferencia de fondos entre ambos pilares de la PAC. En estos temas el Parlamento se niega a aceptar que el acuerdo logrado en el Consejo por los líderes europeos en febrero de este año sea impuesto al PE sin debate y exige poder ejercer su rol en el proceso de codecisión, estipulado en el Tratado de Lisboa. En este sentido, el PE señaló que espera poder discutir con el Consejo estos temas a principios de septiembre 2013.

Sin embargo, en la reunión del Comité Especial de Agricultura del Consejo (CSA, por su sigla en francés) del 8 de julio pasado, algunos Estados miembros, en especial aquellos opuestos al establecimiento de un techo y a la regresividad de los pagos, como Alemania y el Reino Unido, han señalado que no están a favor de reabrir una negociación sobre los aspectos del MFP de la reforma de la PAC, ya que se corre el riesgo de romper el equilibrio sobre el que se basó el acuerdo alcanzado a fin de junio.

Una divergencia esencial entre las visiones de ambas instituciones se refiere a la obligatoriedad de establecer un umbral máximo de pago directo a las grandes explotaciones (capping), impulsada por la CE y el PE, pero resistida por los países con establecimientos de mayor extensión, como el Reino Unido y Alemania. Esto se reflejó en el acuerdo del MFP de febrero último, que acordó que se aplique de forma facultativa por los Estados Miembros. Del mismo modo, la "regresividad" de las ayudas directas genera diferencias entre el PE y el Consejo. Éste se orienta hacia una reducción obligatoria de 5% para las ayudas superiores a 150.000 euros, cuyos ahorros sean transferidos a los fondos para Desarrollo Rural.

Desde un punto de vista formal, los cuatro Reglamentos (referidos, respectivamente, a pagos directos, desarrollo rural, reglamento horizontal y organización común del mercado único) deben ser aún aprobados por el Consejo y el Parlamento Europeo en primera lectura, una vez que los textos estén consensuados y oficializados. Se espera que esto ocurra hacia septiembre de este año.

Por otro lado, la demora en alcanzar un acuerdo (más de un año y medio de discusiones), ha generado la necesidad de establecer reglas de transición para el año 2014 y que el nuevo régimen de pagos directos, incluyendo los pagos acoplados, la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y, en especial, los requisitos de "greening" comiencen a aplicarse recién en 2015, de modo de dar tiempo a los agricultores a adaptarse a los cambios de régimen.

La Comisión presentó una propuesta en este sentido, que se espera comience a ser discutida entre el PE y el Consejo en octubre próximo. El texto deberá ser adoptado antes de fin del corriente año. En el marco del CSA del 8 de julio pasado, varios países han solicitado que las medidas de desarrollo rural permanezcan inalteradas durante todo 2014, en especial aquellas vinculadas con la inversión.

Sin embargo, varios países estimaron conveniente que ciertas medidas de ayudas acopladas comenzaran a aplicarse en 2014, por lo que podría preverse un aumento no despreciable de este tipo de ayudas. Francia, por ejemplo, detalló que es prioritario para ese país el financiamiento comunitario de la prima adicional para vacas nodrizas. Una opción prevista por Francia sería la de aumentar el techo de pagos acoplados en 3% a partir del inicio de 2014, de forma de permitirles a los países aumentar este tipo de ayuda en forma inmediata. Esto requeriría la modificación del Art. 111 del Reglamento 73/2009 actualmente en vigor, que establece los criterios para financiar las primas adicionales a partir de fondos comunitarios.

-Los principales elementos del acuerdo político logrado en junio en el “trílogo” sobre la nueva PAC para el período 2014-2020 son los siguientes:

- Pagos directos

Con el objetivo de establecer una distribución más equitativa de las ayudas, el sistema de pagos directos de la PAC basado en referencias históricas por Estado Miembro - y por los agricultores en el Estado miembro - irá suprimiéndose. Esto significará una convergencia clara y genuina de pagos no sólo entre los Estados Miembros, sino también dentro de cada Estado Miembro.

El 30% de la partida nacional disponible estará vinculada a la prestación de ciertas prácticas agrícolas. Los pagos seguirán estando sujetos a la llamada “condicionalidad”, o sea a respetar ciertas normas ambientales y de otro tipo.

El fin de las «referencias históricas», implica pagos directos más equitativos entre los Estados Miembros, entre las regiones y entre los agricultores.

El régimen de pago básico (BPS):

Los Estados Miembros dedicarán el 70% de las partidas nacionales para los pagos directos al nuevo régimen de pago básico - deduciendo los importes comprometidos para los adicionales destinados a los agricultores jóvenes, y otras opciones como la zona menos favorecida, el Régimen de Pequeños Agricultores, el Pago redistributivo y como pagos "acoplados".

Este sistema de pagos directos dentro de la PAC se apartará gradualmente de las referencias históricas para la definición de los valores de las ayudas fijas por agricultor y por país. Durante el período de referencia histórica (2000-2002)  los precios internacionales de las materia primas agrícolas fueron bajos y, por lo tanto, existieron altos pagos de subsidios acoplados dentro del marco de la PAC, los productores y regiones que optaron por este régimen de suma fija basado en referencias históricas (que se encuentran todos dentro de los 15 Estados miembros ubicados en Europa occidental) reciben en la actualidad ayudas por hectárea muy superiores a aquellos agricultores que se encuentran dentro de los 12 nuevos Estados miembros de Europa Oriental, quienes desde su incorporación a la UE reciben pagos bajo el régimen de pago único por superficie (RPUS) y a los agricultores que dentro de su propio Estado aplican el régimen de pagos regional. Esta divergencia hoy no tiene ninguna justificación económica ni política.

Para la UE-12 (nuevos Estados Miembros), el régimen de pagos por zona única (pagos por hectárea) podrá extenderse hasta el año 2020.

Convergencia interna:

Los Estados miembros que actualmente mantienen las asignaciones basadas en referencias históricas deben avanzar hacia niveles enfocados a pago por hectárea. Para ello pueden elegir entre diferentes opciones: adoptar un enfoque nacional, o un enfoque regional (basado en criterios zonales administrativos o agronómicos), para alcanzar una tasa regional / nacional en 2019, o para garantizar que las explotaciones que reciben menos del 90% del promedio de las ayudas a nivel regional o nacional tengan un aumento gradual - con la garantía adicional de que todos los agricultores alcancen un pago mínimo del 60% de la media nacional / regional en 2019.

Las cantidades disponibles para los agricultores que reciben ayudas por encima de la media regional / nacional se ajustarán proporcionalmente. Los Estados Miembros tendrán no obstante la opción de limitar las "pérdidas" de los agricultores que reciben hoy ayudas directas superiores a la media nacional/regional a “no más del 30%”.

Los Estados Miembros podrán conceder ayudas más elevadas (pagos redistributivos) a las «primeras hectáreas» de una explotación, con el fin de reforzar el apoyo a las estructuras pequeñas y medianas. Los Estados miembros pueden destinar hasta el 30% de la dotación nacional y redistribuirlo a los agricultores en sus primeros 30 hectáreas (o hasta el tamaño promedio de las explotaciones si el mismo es superior a 30 hectáreas). Otra opción posible es aplicar un pago máximo por hectárea.

En cuanto a la convergencia de los pagos medios entre Estados Miembros (convergencia externa), la única referencia se refiere a que ningún Estado Miembro recibirá menos de 75% del promedio comunitario en 2019.

El acuerdo logrado en relación a la convergencia de las ayudas directas otorgaría a los Estados miembros unos grados de libertad mucho más elevados que los previstos en la propuesta original de la CE. En la versión acordada, el único límite es el mínimo de 60% de la media nacional/regional. El grado de convergencia para los agricultores que reciben hoy menos del 90% del pago medio pero más del 60% quedará, en los hechos, sujeto a la discrecionalidad de cada Estado miembro.

Esta convergencia interna y externa de las ayudas directas, unida a la regresividad y el eventual techo a los pagos a las grandes explotaciones (facultativa según el acuerdo por el MFP 2014-2020), así como el esquema de modulación (reducción de ayudas directas para transferir al pilar II de ayuda al desarrollo rural) podrían implicar una reducción no menor del monto de ayudas directas recibidas por los agricultores de las regiones más productivas de Europa Occidental, en especial en el Reino Unido, Alemania y Francia. En tal sentido, fueron estos países los que más presionaron durante la negociación para lograr mayores flexibilidades y discrecionalidades en la aplicación de estas reformas. 

Agricultores activos:

Se implementará una “lista negativa” en el cual se consignaran las actividades que serán excluidas de los pagos directos (aeropuertos, servicios ferroviarios, obras hidráulicas, servicios inmobiliarios y servicios permanentes y áreas de recreacion), si no demuestran que tienen una actividad agropecuaria genuina, a los fines de asegurarse que únicamente se beneficien de las ayudas los agricultores activos. Los Estados Miembros podrán viables para ampliar la lista para incluir otras actividades empresariales que quedan excluidas de las ayudas.

Agricultores Jóvenes:

Uno de los grandes problemas sociales que afronta actualmente el sector rural en la UE es el éxodo de jóvenes hacia las ciudades, lo que resulta en un envejecimiento de la población rural. Para fomentar el relevo generacional  y promover la instalación de los jóvenes (personas de una edad menor de 40 años) en el sector rural se establece una ayuda adicional del 25 % durante los primeros cinco años que se aplicará en todos los Estados Miembros (hasta un máximo de 2% del presupuesto nacional). Estas ayudas se suman a otras medidas disponibles para los jóvenes agricultores en el marco de programas de desarrollo rural.

Esquema para Pequeños Agricultores:

Es un esquema facultativo que podrán aplicar los Estados Miembros.

Los agricultores pueden decidir participar en el régimen de Pequeños Agricultores y recibir así un pago anual fijado por el Estado Miembro de entre 500 y 1.250 euros, independientemente del tamaño de la explotación. Los Estados Miembros pueden optar por diferentes métodos para calcular el pago anual, incluyendo la opción de que los agricultores simplemente reciban el monto que recibirían de cualquier otra forma. Esto resultará en una importante simplificación para los agricultores interesados como para las administraciones nacionales.

Los beneficiarios de este esquema afrontarán requisitos menos estrictos de condicionalidad, y no deberán cumplir las condiciones ambientales (“greening”). Se exceptúa, a las explotaciones de menos de 15 hectáreas del requerimiento de crear "áreas de interés ecológico". Según fuentes ecologistas ésto exceptuaría a más de un tercio de toda la tierra arable y a un 89% de los agricultores del cumplimiento de estas reglas.

Por otro lado, las explotaciones de menos de 10 hectáreas (un tercio de las explotaciones) estarán exceptuadas de las reglas de diversificación (esto es, la obligatoriedad de cultivar tres tipos de productos) orientadas a mejorar la calidad del suelo.

Los agricultores estarán exceptuados, asimismo, de algunas de las normas comunitarias relativas al medioambiente y a la contaminación de aguas, que sí deben cumplir otras industrias.

Para cada Estado Miembro los gastos totales correspondientes al Régimen de Pequeños Agricultores no puede ser superior al 10% de la dotación nacional, excepto cuando los Estados Miembros puedan optar para asegurar que los pequeños agricultores reciban lo que les correspondería si no están dentro del esquema. Habrá también financiación en el marco del desarrollo rural para el asesoramiento a los pequeños agricultores para el desarrollo económico y subvenciones para restructuración para las regiones con cran cantidad de granjas pequeñas.

Zonas rurales con limitaciones o desventajas naturales / Áreas menos favorecidas:

Los Estados Miembros (o las regiones) podrá conceder un pago adicional para las zonas con limitaciones naturales (tal como se definen en las normas de desarrollo rural). Los fondos destinados a estas ayudas no podrán superar el 5% de la dotación nacional. Esto es opcional y no afecta a las opciones disponibles en las ayudas de los fondos de desarrollo rural para las áreas con limitaciones naturales o áreas menos favorecidas.

Pagos acoplados:

Los Estados Miembros podrán proveer cantidades limitadas de “ayudas acopladas” a la producción de un producto específico, a los fines de resolver los efectos potencialmente adversos de la convergencia interna para sectores específicos en algunas áreas, teniendo en cuenta las condiciones existentes.

Los montos destinados a estas ayudas no podrán superar el 8% de la dotación nacional si el Estado Miembro proporciona ya actualmente ayudas acopladas, o hasta el 13% (la propuesta original de la CE fue del 10%) si el nivel actual de los pagos acoplados es superior al 5%. La Comisión Europea posee además la flexibilidad de aprobar un porcentaje mayor de este tipo de ayudas cuando esté justificado. Adicionalmente los Estados Miembros tendrán la posibilidad de proveer un 2% de “pagos acoplados" para los cultivos de proteaginosas, con el objetivo de reducir la dependencia de la UE de las importaciones en este ámbito.

El acuerdo no menciona límites sectoriales para la aplicación de pagos acoplados. Sin embargo, la UE en sus respuestas en el marco de la TPR de la OMC informó que los reglamentos incluirán un listado de sectores que podrán recibir este tipo de ayuda.   

Sustentabilidad ambiental (Greening):

Entre 2014 y 2020, el 30% de las ayudas de la PAC se destinarán a medidas medioambientales. Se invertirán al respecto más de 100 000 millones de euros para ayudar a la agricultura a hacer frente a los desafíos que representan la calidad de los suelos, el agua, la biodiversidad y el cambio climático, a través de diferentes instrumentos, tanto dentro del Pilar 1 como del Pilar 2 de la PAC.

En cuanto a los pagos directos (Pilar 1) adicionalmente al régimen de pago básico, cada explotación recibirá un pago por hectárea condicionado al respeto de ciertas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (greening). Para estas ayudas los Estados Miembros utilizarán el 30% de su partida nacional destinada a los pagos directos. El cumplimiento de estas prácticas medio-ambientales es mandatorio (condicionalidad) y el no respeto de dichos requisitos podrá dar lugar a sanciones que podrán ser superiores, hasta un 125%, del monto que reciba un agricultor como ayuda en el marco del “greening”.

Las 3 medidas medio-ambientales básicas previstas en la propuesta son las siguientes:

  1. el mantenimiento de pasturas permanentes;
  2. diversificación de los cultivos (un agricultor debe cultivar por lo menos 2 cultivos diferentes cuando su tierra cultivable supera 10 hectáreas y por lo menos 3 cultivos diferentes si su superficie cultivable es superior a 30 hectáreas. El principal cultivo no debe superar el 75% de la superficie cultivable, y los dos principales cultivos al menos el 95% de la superficie de cultivo);
  3. mantener una "zona de interés ecológico" de al menos el 5% de la superficie cultivable del campo para las explotaciones con una superficie superior a 15 hectáreas (excluyendo las pasturas permanentes). Entre estas áreas o zonas de interés ecológico se incluyenlos márgenes de los campos (sin cultivar ni trabajare), cercas de arbustos, árboles, tierras en barbecho, paisajismo, biotopos y diversidad biológica, franjas de protección, área forestada. Esta cifra se elevará a 7% luego que la Comisión presente un informe en 2017 y una propuesta legislativa.

Equivalencia de las medidas medioambientales: Para evitar perjudicar o sobrecargar a los productores que ya vienen implementando medidas relativas a la problemática medio-ambiental y de sustentabilidad, el acuerdo prevé un sistema de "equivalencia de las medidas medio-ambientales" mediante las cuales se considera que la aplicación de prácticas ya existentes que beneficien al medio-ambiente puedan tomarse en cuenta o reemplazar los requisitos básicos establecidos en la propuesta. Esta es una de las diferencias o modificaciones logradas en el acuerdo de “trílogo” en relación con la propuesta original de la Comisión.  El nuevo reglamento contendrá una lista de prácticas equivalentes.

Debe destacarse que la inclusión de este principio se relacionó con las discusiones presupuestarias 2014-2020, que se preveía que iban a reducir sensiblemente los pagos directos a los agricultores. Sin embargo, por presión del Presidente francés, Francois Hollande, el acuerdo presupuestario no implicó reducciones ulteriores en el presupuesto de la PAC. A pesar de ello, el "principio de equivalencia" en las prácticas medioambientales permaneció inalterado en las discusiones posteriores.

A modo de ejemplo, los productores orgánicos no tendrán requisitos adicionales ya que sus prácticas han mostrado que proporcionan ventajas claras desde el punto de vista ambiental. Para otros, los esquemas o programas agro-ambientales pueden incorporar medidas que se consideran equivalentes, las cuales están contempladas en una lista en el nuevo Reglamento. Para evitar la "doble financiación" de estas medidas, los pagos a través de programas de desarrollo rural deben tener en cuenta los requisitos medio-ambientales básicos.

Se estima que frente a las exigencias que incluía la propuesta original de la CE, el conjunto de estas modificaciones atenúa de tal modo las condicionalidades previstas, que no implicará mejoras relevantes para el medioambiente y solo representará aumentos moderados en los costos en algunas grandes explotaciones, en aquellos Estados miembros que no tengan hoy en vigencia reglas nacionales de este tipo. Este ha sido un triunfo del "lobby" de los grupos de presión vinculados con la COPA-COGECA.

Desarrollo Rural

La política de desarrollo rural mantendrá su concepto de base actual: Los Estados Miembros o regiones seguirán diseñando sus propios programas multi-anuales sobre la base del conjunto de medidas disponibles en la UE, en respuesta a las necesidades de sus propias áreas rurales.

Las nuevas reglas para el segundo pilar de la PAC (Desarrollo Rural) proporcionan un enfoque más flexible. Las medidas ya no se clasifican en la UE en "ejes" con requisitos mínimos de gastos asociados a cada eje. En su lugar, le corresponderá a los Estados miembros / regiones decidir qué medidas que utilizan (y cómo) con el fin de alcanzar los objetivos fijados para las seis "prioridades" amplias y sus "áreas de interés" más detalladas (sub-prioridades), sobre la base de un sólido análisis.

Las seis áreas prioritarias prioridades que se mantienen y serán cubiertas por el FEADER (Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural) incluyen:

-Fomento de la transferencia de conocimiento y la innovación;

-Aumento de la competitividad de todos los tipos de agricultura;

-Promoción de la organización de la cadena alimentaria, incluida la transformación y la gestión del riesgo,

-Restauración, preservación y mejoramiento de los ecosistemas, y manejo sostenible de los bosques,

-Promoción la eficiencia de recursos y la transición a una economía de bajas emisiones de carbono;

-Promoción de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

Los Estados Miembros deberán destinar al menos el 30% de sus fondos de Desarrollo Rural del presupuesto de la UE (gastos de cofinanciación), para medidas destinadas a protección medioambiental, relacionadas con la gestión de la tierra y la lucha contra el cambio climático.

Estos programas serán cofinanciados con las partidas nacionales - donde los importes y porcentajes de cofinanciación se tratarán en el contexto del marco financiero plurianual (MFP).

Medidas de gestión de mercados

La orientación al mercado de la agricultura europea irá acompañada de nuevos medios asignados a los agricultores a fin de reforzar su posición en la cadena alimentaria:

Con el fin de mejorar la posición negociadora de los agricultores en la cadena alimentaria, la Comisión está en busca de una mejor organización de los sectores, incluyendo limitadas excepciones a la ley de competencia de la UE. Se promoverán las organizaciones profesionales e interprofesionales con normas específicas en determinados sectores en materia de derecho de la competencia (leche, carne de vacuno, aceite de oliva o cereales). Estas podrán negociar contratos de venta en nombre de sus miembros y ganar de esta forma en eficacia. La Comisión proporcionará directrices sobre posibles problemas relacionados con la ley de competencia.

En aras de la simplificación y la orientación al mercado, se suprimieron una serie de esquemas de menor importancia o no utilizados (ayudas a la utilización de la leche desnatada y la leche desnatada en polvo en la alimentación animal y la caseína, la ayuda vinculada a los gusanos de seda)

Se suprimirán las cuotas de azúcar en 2017 (a diferencia de la propuesta de la Comisión, que preveía que finalizaran en 2015). Adicionalmente, al momento de expiración, el azúcar blanco será admisible para la ayuda de creación privada de "stocks". Se refuerza la organización del sector sobre la base de contratos y acuerdos interprofesionales obligatorios.

Las cuotas de lácteos expirarán, como estaba previsto en la propuesta de la Comisión, en 2015.

El régimen de derechos de plantación en el sector vitivinícola se sustituirá, a partir de 2016, por un mecanismo dinámico de gestión de las autorizaciones de nuevas plantaciones que implique en mayor medida a los profesionales, aplicable hasta 2030, con un límite de plantación fijado en el 1 % del viñedo anualmente.

Se establecerán nuevos mecanismos de gestión de crisis. Los sistemas existentes de intervención pública (precios de intervención, ayuda a la creación privada de "stocks", etc.) serán complementados con una nueva cláusula de salvaguardia, aplicable a todos los sectores, a fin de permitir a la Comisión tomar medidas de urgencia para responder a perturbaciones de mercado. Estas medidas serán financiadas a través de una reserva de crisis constituida a partir de las reducciones en los pagos directos. Entre estas medidas, se destacan las siguientes:

  • La Comisión podrá autorizar temporalmente a los productores a gestionar las cantidades comercializadas.
  • Creación de una reserva de crisis (acompañada de una cláusula de emergencia generalizada).
  • En el marco de los programas de desarrollo rural, los Estados miembros podrán alentar a los agricultores a participar en mecanismos de prevención de riesgos (seguros de renta o mutualidades) y elaborar subprogramas para sectores confrontados a dificultades específicas.
  • Se prevé, asimismo, ayudas para la constitución de fondos de mutualización de productores que quieran protejerse contra las fluctuaciones de mercado (65% de lo versado por el agricultor).

Otras modificaciones de la 0rganización Común de Mercado Unico (CMO) tienen por objeto mejorar la orientación al mercado de la agricultura de la UE a la luz de una mayor competencia en los mercados mundiales, al tiempo que proporciona una red de seguridad eficaz para los agricultores en el contexto de las incertidumbres externas (sumado a los pagos directos y a las opciones para la gestión de riesgos en el pilar de desarrollo rural). Se revisarán los sistemas existentes de intervención pública y la ayuda al almacenamiento privado para que sean más eficientes y responsable, por ejemplo, incorporando algunos ajustes técnicos para la carne y los productos lácteos. Para la leche, estos cambios se suman a los del "Paquete de la leche" del 2012 que se incorpora en el Reglamento y refuerzan el poder de negociación de los agricultores.

Reglamento Horizontal

En cuanto a los controles, se reducirán los requisitos en las regiones donde los controles previos han mostrado buenos resultados, es decir en donde se ha comprobado que las normas están siendo debidamente respetadas. Sin embargo, se deben aumentar los controles en las regiones donde se han identificado problemas.

Se han aumentado las cuestiones incluidas en la lista sobre las cuales los Estados Miembros deben ofrecer asesoramiento a los agricultores se ha ampliado, a los efectos de cubrir además de la condicionalidad, los pagos directos relacionados con el medio ambiente, las condiciones para mantener las tierras que pueden se elegibles para beneficiarse de los pagos directos, la Directivas sobre el Marco del Agua y el uso sustentable de Plaguicidas, así como ciertas medidas de desarrollo rural.

Los Estados miembros deberán proporcionar una total transparencia en cuanto a la información relativa a todos los beneficiarios - con la excepción de aquellas explotaciones que son elegibles para el Programa de Pequeños Agricultores en dicho Estado Miembro.

En cuanto al monitoreo y evaluación de la PAC, la Comisión debe presentar un informe a finales de 2018 - y posteriormente cada 4 años - en relación al desarrollo de la PAC con respecto a sus objetivos principales: la producción sustentable de alimentos, la gestión sostenible de los recursos naturales, y el desarrollo territorial equilibrado. 

En síntesis, el acuerdo alcanzado refleja la opción de política más conservadora de las tres planteadas por la CE en su propuesta original de efectuar cambios menores y mejoras incrementales a la PAC ya existente. Las ayudas directas de la PAC serán redistribuídas en forma muy gradual (dependiendo de la voluntad política de cada Estado Miembro) y la ambición medioambiental de la reforma ha sido morigerada hasta convertirla en una formalidad para la mayoría de los agricultores comunitarios; los mecanismos de intervención de mercado se mantienen (precios sostén, ayuda al stockeo privado, posibilidad de otorgar subsidios a la exportación) y se le han agregado otros nuevos como la reserva de crisis; y la posibilidad de aplicar regímenes sectoriales de pagos acoplados implica un retroceso a los límites impuestos por la reforma de 2008 (health check).

Temas pendientes:

Algunos temas que requieren un acuerdo completo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para el 2014-2020, como ser reducción progresiva de las ayudas, transferencias de fondos entre los pilares de la PAC, y un techo (capping) de las ayudas, no han formado parte del acuerdo descripto.

El Parlamento Europeo quiere participar en septiembre de discusiones con el Consejo sobre estos temas.

La Presidencia del Consejo espera finalizar el texto del acuerdo político alcanzado en el “trílogo” del 26 de junio sobre la reforma en la primera reunión del Comité Especial de Agricultura (CEA) después del 2 de septiembre. También espera concluir las discusiones con el Parlamento Europeo en relación con el MFP en el acuerdo, sobre la base del Acuerdo de Consejo / EP sobre el MFP.

 

Durante el CEA (Comité Especial de Agricultura) del 8 de julio, varios países de la UE (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, República Checa) informaron que no deseaban reabrir las negociaciones sobre los aspectos del MFP en la reforma de la PAC. Pues, de acuerdo a estas delegaciones, existe el riesgo de poner en tela de juicio el equilibrio con en el que se alcanzó el acuerdo completo en junio.

Disposiciones transitorias:

La Comisión presentó una propuesta de un año de transición para los pagos directos en 2014. Es decir que los nuevos elementos como la ayuda ecológica y ayuda complementaria para los jóvenes agricultores sólo se aplicarán a partir de 2015. Del mismo modo, se alienta a los Estados Miembros a trabajar en sus programas plurianuales de Desarrollo Rural, que deben ser aprobados a principios del año próximo.

La Presidencia espera tener un mandato para iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo en el mes de octubre. El  texto debería entonces aprobarse antes de que finalice el año.

En el CEA, varios países (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Dinamarca) destacaron que las medidas de desarrollo rural deben extenderse de la misma forma durante un año, en base a un nuevo presupuesto. Estos países destacan que se debe centrar en particular sobre la ayuda a la inversión.

Algunos países, como Francia, Finlandia, Hungría y Bulgaria, consideraron que determinadas medidas que afectan a los pagos vinculados e incluidos en la reforma ya se pueden implementar en el 2014 incluyendo un aumento de los porcentajes de ayudas acopladas.

Francia hizo una propuesta detallada sobre el proyecto de normas transitorias para 2014. El tema prioritario para este país es la financiación de la prima adicional por vaca nodriza sobre fondos de la UE. La prima  nacional adicional por vaca nodriza (PNAVN) está llevándose actualmente a cabo en Francia a partir de los fondos nacionales. Francia solicitó la posibilidad de financiar esta prima con fondos de la UE a partir de 2014. Se abonará en el año 2015 sobre los fondos de la UE.

Existen dos opciones disponibles: - elevar el límite de los pagos acoplados en un 3%, tal como acordado en el marco de la reforma, lo que llevaría para 2014 aumentar la tasa de 3,5 a 6,5% - o  ampliar en 2014 las oportunidades de financiación de esta prima con fondos de la UE a partir del presupuesto nacional de cada Estado Miembro. Esto daría lugar a la inclusión en la regulación transitoria de una enmienda del artículo 111 (5) del Reglamento n º 73/2009, que establece los criterios que debe cumplir el ganado de un Estado Miembro que se propongan financiar PNAVN con el presupuesto FEAGA en lugar de su presupuesto nacional.

 

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